Amnistía Internacional: ¿Por qué la política amenaza la protección de la infancia en los conflictos armados?

“El ejército israelí nunca ha figurado entre las partes incluidas en la lista del informe, a pesar de que hubo años en los que sus incidentes de matanza y mutilación fueron algunos de los más numerosos verificados.”

‘Solo eran niños:’ la portada de ‘The New York Times’ con los 67 menores fallecidos por los bombardeos de Israel en Gaza.

Quienes trabajan en primera línea y documentan violaciones de derechos de la infancia y responden a ellas han afrontado un año —el pasado— especialmente complicado que ha incluido desde el impacto de la COVID-19 en las operaciones y la protección de niños y niñas hasta unos niveles sin precedentes de desplazamiento en todo el mundo, pasando por las amenazas, cada vez peores, de militares y grupos armados no estatales.

Más allá de lo que trasciende a la opinión pública, hay otro reto devastador para la moral que debilita la protección de la infancia en los conflictos armados: la politización de un proceso clave de la ONU de rendición de cuentas a los responsables de violaciones graves.

En 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció un mecanismo de supervisión y presentación de informes para documentar violaciones graves contra niños y niñas en situaciones de conflicto armado. Fue un logro histórico.

La documentación contribuye a la elaboración de un informe anual del secretario general de la ONU con una lista anexa de perpetradores pensada para servir de eje de los esfuerzos dirigidos por la ONU para la rendición de cuentas tanto de ejércitos como de grupos armados, y contribuir a prevenir nuevas violaciones contra niños y niñas.

El Consejo de Seguridad estudiará el informe de este año el 28 de junio.

El informe llega cuando el devastador impacto de los conflictos en la infancia —y las repercusiones de la inacción— son, una vez más, patentes. Al menos 65 niños y niñas murieron y otros 540 resultaron heridos durante los bombardeos del ejército israelí en Gaza de mayo, según UNICEF.

“El ejército israelí nunca ha figurado entre las partes incluidas en la lista del informe, a pesar de que hubo años en los que sus incidentes de matanza y mutilación fueron algunos de los más numerosos verificados.”

Junto con la representante especial para la infancia y conflictos armados, debe comprometerse públicamente a aplicar el mismo criterio con independencia del perpetrador y del contexto, y elaborar una lista completa basada en pruebas y criterios objetivos: algo que, de nuevo, no ha hecho este año.

El año próximo, debe seguir los criterios establecidos en 2010 y la coalición dirigida por Arabia Saudí y el ejército israelí, entre otros, serán de nuevo una prueba de fuego.

Por su parte, los Estados miembros de la ONU deben exigir una lista creíble. ¿Por qué se ha puesto en peligro a equipos en el terreno para documentar violaciones que luego se ignoran?

Quienes trabajan en primera línea necesitan confiar en que su labor es parte de un proceso de rendición de cuentas creíble. Para que se haga realidad todo su potencial, el informe del secretario general debe seguir las pruebas, no una política de poder que protege del escrutinio a determinados perpetradores. Cualquier otra cosa es una burla al sistema y debilita la protección de la infancia.

 

Fuente: Extracto del informe de Amnistía Internacional