Bolsonaro defiende disposición que mantiene preso a Lula

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que su Gobierno revisará y confirmará la disposición que intuye la reclusión de personas condenadas en segunda instancia, como en el caso del exgobernante Luiz Inácio Lula da Silva.

 

‘En la gestión anterior (la de Michel Temer) la AGU (Abogacía General de la Unión) se manifestó a favor de la prisión solo después de agotar todos los recursos. Esta posición será revisada por nuestro Gobierno en sentido favorable al cumplimiento de la pena tras condena en segunda instancia. íVamos a combatir la impunidad!’, posteó Bolsonaro en la red social Twitter.

En diciembre, el juez Marco Aurelio Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF), comunicó la liberación de todos los presos detenidos en razón de condenas y el fallo podría permitir la liberación del exdirigente obrero.

‘Defino la preliminar para, reconociendo la armonía con la Constitución Federal, del artículo 283 del Código de Proceso Penal, determinar la suspensión de ejecución de pena, cuya decisión a cerrarla aún no haya transitado en juzgado’, dijo el ministro en su fallo.

La decisión provisional atendió a una petición del Partido Comunista de Brasil y alcanzaba, incluso, a Lula, quien tiene recursos pendientes ante los tribunales superiores. Sin embargo horas después, el presidente del STF, Antonio Dias Toffoli, dejó sin efecto la medida cautelar y anunció que el caso se ventilará el 10 de abril con la asistencia de los 11 miembros de la corte.

Rápidamente Bolsonaro felicitó el dictamen ‘por derribar la liminar que podría beneficiar a decenas de miles de presos en segunda instancia en Brasil y poner en riesgo el bienestar de nuestra sociedad, que ya sufre diariamente con el caos de la violencia’.

Lula se mantiene como preso político desde el 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, sureño estado de Paraná, tras su condena, confirmada por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región que le impuso una pena de 12 años y un mes de prisión por supuestos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

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