Ecuador: Llamado a consulta popular en Ecuador provoca apoyos y cuestionamientos sobre su legalidad

La decisión del presidente Lenín Moreno de pedir este miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a consulta, sin esperar el dictamen previo de la Corte Constitucional (CC), provocó reacciones divididas entre los actores políticos ecuatorianos en torno a la legalidad de los decretos emitidos.
“Porque me ampara el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, he enviado al CNE los Decretos Ejecutivos 229 y 230 convocando a la consulta popular…”, escribió Moreno al mediodía en su cuenta de twitter al argumentar
El artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que la Corte Constitucional tiene 20 días para establecer la constitucionalidad de las preguntas. Estas fueron entregadas por el Ejecutivo el pasado 2 de octubre.
La solicitud, amparada en dos decretos por las siete preguntas para consulta y referéndum, fue entregada por la secretaría Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, a la Secretaría General del CNE para que se viabilice el llamado a las urnas a la ciudadanía.
“No solo que está apegada a derecho, sino que efectivamente es una respuesta responsable del presidente de la República, Lenín Moreno, en relación a una exigencia ciudadana ha exhortado que la CC se pronuncie con la celeridad que lamentablemente hemos visto no ha sido cumplida”, señaló la vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña.
La ex asambleísta María Paula Romo dijo que las preguntas fueron presentadas el 2 de octubre a la Corte Constitucional, por lo que pasaron alrededor de 56 días y señaló que señala que la Ley de Garantías Jurisdiccionales no se puede modificar por un reglamento.
Al mismo tiempo que se presentaba la documentación, en una rueda de prensa que se desarrolla en Quito, el expresidente de la República, Rafael Correa, denunciaba la acción “dictatorial” del gobierno de pretender llamar a una consulta y referéndum cuando no ha existido un pronunciamiento de la CC.
Además denunció un supuesto acuerdo ejecutado en la noche del martes por delegados del gobierno, entre ellos el secretario de la Presidencia, Eduardo Mangas, y consejeros del CNE para conformar una nueva mayoría del órgano electoral que dé luz verde al trámite de plebiscito.
 
“Los amicus curiae suspenden el plazo de 20 días. De otra forma, no se podrían atender. El Gobierno miente: lo que ha hecho es un rompimiento constitucional, porque no tenían mayoría en la Corte Constitucional, ante la evidente inconstitucionalidad de preguntas 2 y 3″, escribió en Twitter.
De su parte, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla, en su cuenta de Twitter cuestionó el procedimiento de llamado a consulta.
“La Constitución establece en Art. 104 que en todos los casos se requerirá dictamen previo de la CC. ¿Se imaginan si una de las preguntas fuera sobre pena de muerte/aborto? Es indispensable un filtro constitucional. Lo mejor para el país es esperar sesión de la CC del 5 de diciembre”, señaló en la red social.
En estos momentos, la CC analiza el contenido de las preguntas. La polémica gira en torno a las preguntas 2 y 3 que tienen que ver con la postulación indefinida y la remoción de los integrantes de la función de Control Social.
Sobre esta última, los detractores han señalado que se pretende un “golpe de Estado” al remover a los consejeros y nombrar a consejeros puestos a “dedo” por el Ejecutivo, quienes tendrán capacidad de remover a los titulares de todos los organismos de control, lo cual es potestad exclusiva de la función Legislativa.
En ese sentido, el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Edwin Jarrín, analizó la posibilidad de plantear una demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto de consulta popular convocado por Moreno y además que se interpongan medidas cautelares en el CNE para que se detenga trámite del pedido presidencial.
Amparada en los reglamentos internos, la Corte Constitucional fijó para el 5 de diciembre próximo una sesión en la que se pronunciará sobre la constitucionalidad de las preguntas.
“Esta tarde en la rueda de prensa de @BancadaAP35 consideramos que los decretos ejecutivos 229 y 230, relacionados con la #ConsultaPopular son ilegales e inconstitucionales por cuanto violan el orden jurídico establecido en la Constitución”, dijo por su parte en las redes Gabriela Rivadeneira, de Alianza PAIS.
En tanto, el catedrático Adrián Bonilla afirmó que “al no cumplir el plazo dispuesto por la Ley, ésta entiende que Consulta ha sido aprobada sin observaciones” y añadió que “el Presidente tiene razón al enviar preguntas a CNE”.
La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, también se pronunció en su cuenta en Twitter, donde escribió: “Nada nuevo bajo el sol.
Ante la demora de ANTES y ante la de AHORA, se puede enviar el decreto al Consejo Nacional Electoral. Es lo que dice la ley”.
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