Otra dura advertencia de la CIDH al gobierno argentino

Hace referencia a los últimos acontecimientos por el recorte jubilatorio. Critica el accionar represivo, pide garantizar la libertad de información y exhorta al “estricto apego a los principios generales de legalidad”.

En el comunicado, se hace referencia a informes recibidos por el organismo entre el jueves 14 y el lunes 18 de diciembre, resultantes de las manifestaciones opositores a la sanción de la Reforma Previsional, y hace alusión a la desproporcionada cifra de ciudadanos heridos y detenidos en condiciones arbitriarias, como así también de los periodistas agredidos y de los propios diputados golpeados, “lo cual supone un uso desproporcionado de la fuerza”. Por supuesto que el mismo comunicado invoca a los 88 policías lesionados y a “supuestos grupos de manifestantes que hicieron uso de la violencia arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía”.

La CIDH y su Relatoría Especial recuerdan que, en democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. A fin de contribuir a la no repetición de estos hechos, la CIDH rechaza cualquier forma de violencia y promueve la búsqueda de soluciones con absoluto apego a los derechos humanos. “En reiteradas oportunidades la CIDH ha manifestado que la criminalización de la movilización y la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la detención arbitraria de manifestantes y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente” dice textualmente el comunicado.

La CIDH reitera, por si hiciera falta, que “el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas”.

Y hace varias advertencias al Estado argentino. El primero, en defensa de la libertad de expresión: “los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”. El segundo, exigiendo a las autoridades una investigación pronta y exhaustiva de la conducta policial y establecer las sanciones correspondientes. Y el tercero, exhortando al gobierno de Macri a garantizar “el estricto apego a los principios generales de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en contextos de protesta social”.

fuente tiempo ar